Washington – Los periodistas que sufren
por haber incurrido en “desacato” ante sus jefes
de estado reciben ayuda de todas partes del mundo.
Muchos países todavía utilizan
las “leyes de desacato” a pesar de que los cuerpos
judiciales internacionales tales como el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos han dictaminado que estas leyes implican una violación
directa de derecho fundamental a la libertad de expresión
y de libertad de prensa.
Karin Karlekar, de la organización
no partidista Freedom House, explicó al
Servicio Noticioso que varios países, especialmente
en América Latina y África están en
proceso de eliminar estas leyes. Las violaciones de las
leyes de desacato pueden llevar a los periodistas a sufrir
penas de cárcel o a recibir exorbitantes multas.
La organización de Karlekar informó
que el Tribunal Constitucional de Indonesia declaró
recientemente inconstitucionales las leyes que prohíben
insultar al presidente y vicepresidente del país.
La decisión precede un dictamen emitido en el mes
de julio por el tribunal indonesio revocando dos claúsulas
que tipificaban como delito la difamación del gobierno.
Karlekar, editora gerente de la encuesta
anual de su organización sobre la libertad en los
medios, explicó que una ramificación de las
leyes de desacato es que pueden llevar a los periodistas
a “autocensurarse” por miedo a “traspasar
los límites” al informar sobre las actividades
del gobierno.
Esta situación está especialmente
exacerbada en países de Oriente Medio, dijo, donde
las leyes de desacato raramente resultan de aplicación
por que ya tienen el “efecto abrumador” de intimidar
a los periodistas para que practiquen la autocensura al
informar.
PROTECCIONES CONTRA EL DESACATO EN ESTADOS
UNIDOS
Varios estados y territorios en Estados
Unidos tienen leyes penales sobre la difamación que
raramente se utilizan, dijo Karlekar, que respondió
a unas preguntas el 8 de mayo en una charla electrónica
con el Servicio Noticioso desde Washington sobre
las condiciones necesarias para una prensa libre. (Véase
transcripción,
en inglés).
La generación de los padres de la
patria estadounidenses estableció una vez una ley
contra la libertad de prensa llamada la Ley de Sedición
de 1798. Esta ley tipificó como delito la publicación
de lo que se consideraban insultos contra el presidente
del país y los miembros del Congreso. La ley caducó
en 1801 sin que nunca se cuestionara ante los tribunales
y fue denunciada por muchos estadistas de aquel tiempo,
incluyendo Thomas Jefferson.
Tony Mauro, que es miembro de la junta asesora
del Comité para la Libertad Mundial de Prensa con
sede en Virginia, escribió en un artículo
el 11 de abril que “muchos funcionarios públicos
de hoy día probablemente desearían tener todavía
esa herramienta para silenciar a los críticos, pero
que afortunadamente, los principios de las libertades de
expresión y de prensa han prevalecido” en Estados
Unidos, dijo Mauro, que es el corresponsal en el Tribunal
Supremo de Estados Unidos para el periódico semanal
Legal Times.
El Departamento de Estado trabaja para proteger
a los periodistas de acusaciones prefabricadas bajo las
leyes de desacato que impiden o castigan a los medios por
examinar los registros públicos y los actos oficiales.
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del
Departamento de Estado ha establecido el “Fondo para
los Defensores de los Derechos Humanos”, para ayudar
a aquellos que promueven a medios y periodistas independientes
y otros asuntos relativos. El Departamento de Estado también
documenta la libertad de prensa en el mundo en su Informe
Anual sobre Derechos Humanos. (Véase artículo
relacionado).
INFORME DEL GRUPO MUNDIAL DE PRENSA
El Comité Mundial de Libertad de
Prensa publicó un informe de 306 páginas en
el que estudia el modo en se aplicaban las leyes de desacato,
así como el modo en que cambiaron o fueron eliminadas
en 70 países en 2006. El informe, emitido en abril,
indica que las leyes de desacato son “incompatibles
con los principios de democracia y libertad de expresión”.
Marilyn Greene, editora del informe, dijo
al Servicio Noticioso que el tema de las leyes
de desacato es importante porque “mientras los periodistas
tengan miedo de examinar en detalle las actuaciones y políticas
de los funcionarios públicos de sus países
por miedo al arresto y otro tipo de castigos, el público
en esos países no tendrá acceso a las noticias
e información que necesitan para tomar decisiones
inteligentes y elegir a sus propios gobiernos”.
Javier Sierra, el director de proyectos
del Comité Mundial de Libertad de Prensa, dijo que
algunos de los peores países en relación con
las leyes de desacato son Irán, Turquía, Bielorrusia,
Zimbabwe y Marruecos. Dijo al Servicio Noticioso que Venezuela
no utiliza leyes de desacato pero que el país tiene
“una nueva serie de leyes penales de difamación
muy severas que utilizan con mucha frecuencia”. (Véase
artículo relacionado).
Sierra indicó que las leyes de desacato
tienen su origen en el Imperio Romano “para proteger
al emperador de las críticas del público”.
Las leyes ahora actúan, dijo, como “una espada
de Damocles sobre las cabezas de los medios informativos”
obligando a los periodistas a “cumplir con su deber
de informar al público con el riesgo de ser encarcelados
y de que sus publicaciones sean cerradas”.
Los cuerpos internacionales de justicia,
comentó Sierra, apoyan el concepto de que los funcionarios
públicos “deben esperar más y no menos
examen y críticas por parte del resto de la sociedad”.
El grupo de Sierra, que coopera con otras
ocho organizaciones de defensores de los medios, administra
el “Fondo contra la censura” que proporciona
subvenciones de asistencia a periodistas de medios informativos
que se enfrentan a causas criminales. Las subvenciones se
dirigen principalmente a la contratación de abogados
en casos de calumnia, difamación y otros que se consideran
“motivados políticamente y dirigidos a silenciar
a los medios informativos independientes”.
CAPACITACIÓN RELACIONADA CON EL DERECHO
SOBRE LOS MEDIOS
La Universidad de Oxford en Inglaterra ofrece
cursos sobre derecho y políticas relacionados con
los medios. El Programa de la universidad en derecho y políticas
comparados de los medios auspicia en el mes de septiembre
un “Concurso de simulación de juicios sobre
derecho de los medios” para estimular el interés
en las normas internacionales de protección de la
libertad de información.
Para más información sobre
los cursos, en inglés, véase el sitio
electrónico de esta universidad.
Para más información, véanse
el prefacio
y la introducción
al Informe
por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos
2006, en inglés, en el sitio electrónico
del Departamento de Estado.
Para más información sobre
el Fondo
para los Defensores de los Derechos Humanos, véase
el sitio electrónico de la organización.
El texto
completo del informe del Comité Mundial de Libertad
de Prensa está disponible, en inglés, en el
sitio electrónico de la organización.
Eric Green
Redactor del Servicio Noticioso desde Washington
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