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EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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Muchos periodistas afrontan condenas de prisión por criticar a dirigentes

Periodistas de EE.UU. disfrutan de protecciones contra juicios por difamación

Publicado: 24 de setiembre de 2007

[© AP Images]
El periodista David Pérez Hansen de Radio Caracas Televisión (RCTV) protesta en el Día del Periodista en junio de 2007,en Caracas, Venezuela, por el cierre de la estación.
Washington – Las organizaciones de defensa de la libertad de prensa señalan su preocupación de que muchos gobiernos del mundo están encarcelando a periodistas bajo engañosas acusaciones de difamación o ultraje a los jefes de Estado.

El Comité Mundial de Libertad de Prensa, con sede en Virginia, dijo que la difamación de un funcionario público sigue siendo un delito en docenas de países, inclusive en varias democracias, “en las que los legisladores deberían tener mejor criterio que permitir ese mal ejemplo”. El comité agregó que entre los países donde están en vigencia las leyes de difamación figuran Rusia, Etiopía, Camboya y Tayikistán.

La situación es particularmente grave en Venezuela. La organización con sede en Virginia dijo en un informe difundido en abril que las “reformas” del código penal venezolano, que entraron en vigor en 2005, reforzaron las condenas que se imponen por difamación contra el presidente del país, el fiscal general, los legisladores de la Asamblea Nacional y los altos jefes militares. Las sanciones por difamación aumentaron de un máximo de 30 meses en prisión hasta una condena máxima de cuatro años si la difamación ocurre en un documento de divulgación pública.

Javier Sierra, director de proyectos del Comité Mundial de Libertad de Prensa, dijo al Servicio Noticioso que Venezuela tiene “un conjunto de leyes de difamación muy duras que emplean con frecuencia”. (Véase artículo relacionado).

Por ejemplo, estas leyes se utilizaron en el año 2006 para sentenciar al periodista venezolano Julio Balza a casi tres años de prisión y a una multa de casi 15.000 dólares por su “constante difamación grave” contra un ministro de infraestructura de ese país. Balza había criticado el desempeño del ministro tras el derrumbamiento de un puente en las afueras de Caracas, la capital venezolana.

En su denuncia de las acusaciones contra los periodistas en Venezuela, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, destacó el caso de Henry Crespo, un periodista del semanario caraqueño Las verdades de Miguel. En 2005 Crespo fue demandado por el gobernador del estado de Guárico por “difamación grave”, luego de que el reportero informara sobre la corrupción del gobierno y las violaciones de los derechos humanos en ese estado. A Crespo se le imputó una sentencia condicional de 18 meses de prisión.

El CPJ declaró: “El que un funcionario público venezolano procese a un periodista por criticar su conducta en el cargo es un grave abuso de poder que envía un escalofriante mensaje a todos los periodistas venezolanos”.

EL EFECTO NEGATIVO EN LA COBERTURA DE NOTICIAS

Thomas Melia, director ejecutivo adjunto del grupo independiente Freedom House, dijo al Servicio Noticioso que “las leyes de ultraje” y otros preceptos contra la libertad de prensa “impiden de hecho a los periodistas llevar a cabo su labor” de cubrir las noticias. Semejantes preceptos, agregó, “constituyen un problema cada vez mayor que obstaculiza la libertad de expresión en muchas regiones del mundo”.

Melia agregó que la “diplomacia estadounidense” y los “esfuerzos de ayuda” de las organizaciones no gubernamentales “sin duda tienen que hacer más para llamar la atención sobre la importancia” de permitir que la prensa critique a jefes de Estado y establecer “entornos jurídicos” que protejan a los periodistas.

Las leyes sobre calumnia y ultraje, y la supuesta difamación de los jefes de Estado, son cuestiones que se citan todos los años en los informes sobre derechos humanos que redacta Estados Unidos. Melia aseveró que las embajadas estadounidenses deberían colocar este asunto como prioridad máxima de sus programas sobre derechos humanos, porque tiene que ver con “la represión de la libre expresión, el análisis y el debate público”.

Melia es conferenciante frecuente en el Instituto del Servicio Exterior del Departamento de Estado que capacita a los funcionarios y al personal de apoyo de la comunidad de política exterior estadounidense.

PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS EN ESTADOS UNIDOS

En el año 1964, una histórica determinación del Tribunal Supremo de Justicia vinculada con un caso de derechos civiles, contribuyó a fortalecer la libertad de prensa en Estados Unidos al establecer como requisito de los juicios por calumnia contra figuras públicas la noción de dolo.

El caso, conocido como New York Times Co. contra Sullivan, tenía que ver con un dictamen que se ajustaba a las garantías de libertad de prensa según lo estipula la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El tribunal determinó que la Primera Enmienda protege la publicación de cualquier declaración, incluso las falsas, acerca de la conducta de los funcionarios públicos, salvo en casos en que las declaraciones se realizan con “intención dolosa” (es decir, con el conocimiento de que son falsas o haciendo caso omiso de su verdad o falsedad).

Después del fallo del Tribunal Supremo y fallos posteriores, los denunciantes en casos de difamación rara vez han prevalecido en Estados Unidos, dada la extrema carga de la prueba que necesitan para demostrar la supuesta intención dolosa de un periodista.

Antes de ese fallo de 1964, el Tribunal Supremo se había negado a utilizar la Primera Enmienda para proteger a los medios de los juicios por difamación. Estos juicios se basaban en la publicación de informaciones falsas que dañaban la reputación de una persona.

El juez Hugo Black, que se sumó a los otros ocho jueces del Tribunal Supremo en su dictamen a favor del diario The New York Times, dijo que Estados Unidos podía “vivir en paz sin juicios por calumnia basados en el debate público de asuntos públicos y de funcionarios públicos. Pero dudo que un país pueda vivir en libertad si su pueblo puede ser objeto de padecimientos físicos o económicos por criticar a su gobierno, sus actuaciones o sus funcionarios”.

Para más información sobre la libertad de prensa y la “decisión trascendental” de 1964 del Tribunal Supremo véase el sitio web del Servicio Noticioso.

Para consultar el texto completo, en inglés, del informe del Comité Mundial de Libertad de Prensa, véase el sitio electrónico de la entidad.

Eric Green
Redactor del Servicio Noticioso desde Washington

 
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