El Departamento de Estado de Estados
Unidos publicó el 28 de febrero sus Informes anuales
por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos
2004.
El objetivo de los informes de 2004, que
incluyen evaluaciones individuales de la situación
de los derechos humanos en 196 países, es evaluar
esa situación en todo el mundo. Según la introducción,
los informes demuestran que Estados Unidos "ha dado
un paso al frente, junto con sus aliados democráticos,
para reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos
y la democracia".
Al citar mejoras en materia de derechos
humanos en Afganistán, Iraq y Ucrania
-- países que hace poco pasaron por la experiencia
de unas elecciones nacionales y una mayor participación
ciudadana -- la introducción dice que la libre participación
ciudadana en el gobierno ayuda a "impulsar el avance
de las prácticas de derechos humanos para todos los
que participan en ellos".
Según los informes, varios países,
entre ellos Birmania, Irán, Corea del Norte, Sudán
y Venezuela, siguen restringiendo severamente los derechos
humanos fundamentales amparados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, entre los que figuran
la libertad de expresión, prensa, reunión,
asociación, culto y movimiento.
No obstante, el propósito de los
informes no es sólo revelar los logros y las violaciones
de los derechos humanos sino, más bien, "alumbrar
tanto las tareas futuras como el potencial de una mayor
cooperación en el adelanto de las aspiraciones de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos",
dice la introducción.
Todos los informes por Países sobre
Prácticas de Derechos Humanos 2004 están disponibles,
en inglés, en: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/index.htm
A continuación una traducción
de la introducción de los informes:
(comienza el texto)
INTRODUCCIÓN DE LOS INFORMES POR
PAÍSES SOBRE PRÁCTICAS DE DERECHOS HUMANOS
2004
El 17 de septiembre de 2002, el presidente
Bush presentó una nueva Estrategia de Seguridad Nacional
para Estados Unidos que se basa en el principio de la promoción
de la libertad política y económica y el respeto
por la dignidad humana, para crear un mundo mejor y más
seguro. Para dirigir y encaminar este esfuerzo nacional
que tuvo su origen en la guerra contra el terrorismo, la
estrategia presenta una serie de tareas fundamentales que,
entre otras cosas, exige que nuestro gobierno sea el paladín
de las aspiraciones a los derechos humanos y construya democracias.
En el discurso pronunciado en su segunda toma de posesión
el 20 de enero de 2005, el presidente Bush elaboró
sobre este principio: "La supervivencia de la libertad
en nuestro país depende cada vez más del éxito
de la libertad en otros países. La mejor posibilidad
para la paz en nuestro mundo la ofrece la diseminación
de la libertad en todo el mundo".
Estados Unidos y sus socios internacionales
colaboraron en 2004 con muchos países en la expansión
de la libertad al contribuir a la protección de los
derechos políticos de sus ciudadanos y promover el
imperio de la ley en sus sociedades. En algunos casos, en
aquellos en los que el interés se centraba en el
derecho del pueblo a elegir su propio gobierno, los acontecimientos
notables dirigieron la atención del mundo a sus luchas
y a sus logros decisivos.
En los tres años que han mediado
desde la remoción del régimen talibán,
la población de Afganistán ha trabajado para
reducir el terrorismo y mejorar la seguridad, para cerrar
las tradicionales brechas étnicas, religiosas y tribales,
para elaborar una nueva constitución fiel a sus valores
y forma de vida, para extender derechos fundamentales a
las mujeres y a las minorías, y para abrir su sociedad
al concurso político y la libertad de expresión
de una manera que no tiene precedentes. La comunidad internacional
ha respondido a esta iniciativa ayudando a inscribir a los
votantes de una población dispersa en la geografía
y mayormente analfabeta, educando a grupos de trabajadores
de colegios electorales y a participantes políticos
sobre la celebración de elecciones y campañas,
y sumándose a las fuerzas afganas para proporcionar
seguridad durante los preparativos de los comicios y durante
la votación. En la elección presidencial que
tuvo lugar en octubre, 18 candidatos competían por
el sufragio de diez millones de votantes afganos inscritos,
de los cuales más del 40 por ciento eran mujeres.
A pesar de las amenazas y ataques antes de la elección,
y de serios problemas técnicos, más de ocho
millones de afganos, entre ellos 3,2 millones de mujeres,
depositaron sus votos para elegir a su líder en una
primera elección verdaderamente democrática,
con una mayoría optando por el presidente Hamid Karzai.
En Ucrania, la campaña electoral
para presidente se vio frustrada por la presión que
el gobierno ejerció sobre los candidatos de la oposición,
y por la extensión generalizada de violaciones y
fraude en la votación. El gobierno del presidente
Kuchma recurrió al fraude y a la manipulación
durante la elección presidencial tanto en la primera
como en la segunda vuelta electoral celebradas el 31 de
octubre y el 21 de noviembre. El gobierno impuso la censura
sobre los medios y los periodistas para influir en la cobertura
de noticias, lo que provocó la llamada "rebelión
de los periodistas" entre los que rehusaron seguir
las directrices del gobierno. Finalmente, las manifestaciones
populares contra los resultados oficiales de la deficiente
votación del 21 de noviembre cobraron fuerza hasta
desatar la "Revolución Naranja", el color
asociado a Viktor Yushchenko, líder de la oposición
y ganador de las elecciones según el consenso general.
El respeto de los derechos humanos en Ucrania
tomó decididamente un giro positivo cuando, el 3
de diciembre, el Tribunal Supremo de ese país invalidó
los resultados fraudulentos de la segunda vuelta electoral,
justificando así las denuncias de los observadores
nacionales e internacionales sobre las numerosas violaciones
de los procedimientos electorales, el hostigamiento de los
candidatos de la oposición, la cobertura sumamente
parcial en los medios controlados por el Estado y el fraude
generalizado en la votación y en el recuento de votos.
En la repetición de la segunda vuelta electoral celebrada
el 26 de diciembre conforme el mandato del tribunal, el
pueblo de Ucrania eligió a su nuevo presidente. Los
observadores internacionales de esos comicios, de los que
resultó ganador Yushchenko, tomaron nota de las mejoras
en la cobertura de los medios, de una transparencia mayor
en el proceso de votación, de menor presión
gubernamental para ganar apoyo para un candidato en particular
y menos interrupciones en las urnas. El nuevo presidente
expresó su firme compromiso con la democracia, el
imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos.
En Iraq, la población afrontó
una serie de tareas difíciles al disponerse a elegir
a su propio líder a través de elecciones democráticas,
en tanto que la severidad y ubicuidad de los ataques terroristas
aumentaron las proporciones de las dificultades. En primer
lugar, el Consejo de Gobierno iraquí logró
el consenso sobre una estructura para la transición
de la soberanía a las autoridades iraquíes,
en el marco de la protección del imperio de la ley
y de procedimientos bien definidos mediante los cuales los
ciudadanos iraquíes podrían elegir a sus propias
autoridades y establecer su propio orden constitucional.
En marzo, la aprobación de la Ley Administrativa
de Transición logró estos objetivos y preparó
el camino para la segunda etapa, el traspaso de la soberanía
de la Autoridad Provisional de la Coalición al Gobierno
Interino Iraquí el 28 de junio.
Con la asistencia de las Naciones Unidas
y de otros asesores internacionales, el Gobierno Interino
Iraquí estableció la Comisión Electoral
Independiente de Iraq, una autoridad independiente que estableció
los procedimientos para la inscripción en un registro
de votantes y para la votación por iraquíes
y expatriados en catorce países. Del 15 al 18 de
agosto, se llevó a cabo la convocatoria de la Conferencia
Nacional para seleccionar un Consejo Nacional Interino que
fue constituido por 100 miembros elegidos. Las elecciones
para la Asamblea Nacional de Transición, autoridad
legislativa que constituye un primer paso hacia la formación
de un gobierno iraquí de transición, se programaron
para el 30 de enero de 2005. De conformidad con la Ley Administrativa
de Transición, el gobierno de transición redactará
una constitución permanente que se someterá
para ratificación en agosto de 2005 y en diciembre
de 2005 se celebrarán nuevamente elecciones para
un gobierno permanente bajo la nueva Constitución.
Creemos que acontecimientos como estas elecciones
aumentarán las perspectivas de paz, darán
una base sólida para el autogobierno en estos países
y ayudarán a impulsar el avance de las prácticas
de derechos humanos para todos los que participan en ellos.
Sin embargo, el progreso por este camino no será
fácil ni rápido, al menos al principio, como
demuestran ampliamente los 196 informes detallados de esta
edición. En varios casos, los informes confirman
que las prácticas de derechos humanos pueden haber
deteriorado a pesar del éxito tras elecciones celebradas
y aceptadas internacionalmente, como ha sucedido en algunos
respectos con el poder judicial y los medios en Venezuela,
desde que se efectuó la votación el pasado
año.
Fue en parte el reconocimiento de la complejidad
y la dificultad de la tarea de promover los derechos humanos
lo que, en 1977, instó al Congreso a dar carácter
institucional al proceso de recopilación anual de
datos por el Departamento de Estado para los Informes por
Países sobre Prácticas de Derechos Humanos.
Al proporcionar un compendio de testimonios sobre la experiencia
de los derechos humanos en el mundo, esperamos que la historia
de esta labor inconclusa ayude a alumbrar tanto las tareas
futuras como el potencial para una mayor cooperación
en el logro de las aspiraciones de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
El año en perspectiva: Democracia,
derechos humanos y trabajo
Tras los detalles de los 196 informes de
países que contienen las páginas siguientes,
hay acontecimientos y experiencias en algunos países
que se distinguen no sólo por la gravedad de la situación
de los derechos humanos, sino también por nuestra
participación con las víctimas y sus gobiernos
durante 2004.
El historial de derechos humanos del gobierno
de Sudán es extremadamente pobre conforme siguió
restringiendo la libertad de expresión, prensa, reunión,
asociación, culto y movimiento. El gobierno arrestó
y hostigó a quienes ejercieron estos derechos.
Para finales de año, el número
de Personas Desplazadas Internamente superaba 1,5 millones
en la provincia sudanesa de Darfur, y otros 200.000 civiles
habían huido a Chad, donde el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) coordinó
un esfuerzo masivo de ayuda para los refugiados. Según
se informa, alrededor de 70.000 personas murieron como consecuencia
de la violencia y el desplazamiento forzado.
A pesar de las repetidas promesas del gobierno
de que se abstendría de otros actos violentos en
Darfur, continuaron las atrocidades. El gobierno y las milicias
respaldadas por el gobierno, conocidas como Janjawid, atacaron
de forma rutinaria las aldeas de civiles. Por lo general,
las Janjawid perpetraban ataques coordinados a menudo con
las fuerzas regulares del gobierno bajo cubierta de apoyo
militar aéreo. En septiembre, luego de revisar cuidadosamente
un minucioso estudio realizado por expertos independientes
que informaron sobre la experiencia de más de 1.100
refugiados, el secretario de Estado Colin Powell concluyó
que se había cometido genocidio contra la población
de Darfur y expresó que "se ha cometido genocidio
en Darfur. El gobierno de Sudán y los Janjawid son
los responsables y ese genocidio puede seguir ocurriendo".
Las fuerzas gubernamentales en esa región
asesinaron, hirieron y desplazaron rutinariamente a civiles
en esa región y destruyeron intencionadamente clínicas
y viviendas durante operaciones de ofensiva. Hubo informes
que confirmaron que la milicia respaldada por el gobierno
atacó intencionadamente a civiles, saqueó
sus pertenencias y destruyó sus aldeas.
A la misma vez, los acontecimientos a finales
de año en las negociaciones sobre el conflicto entre
el norte y el sur del país avivaron las esperanzas
de paz y de que mejoren las prácticas de los derechos
humanos en otras partes del Sudán. Para finales de
año, el Departamento de Estado observó progreso
significativo en los acuerdos preliminares entre el gobierno
y el Ejército Popular de Liberación de Sudán
luego de 21 años de un conflicto de baja intensidad.
Respondiendo al continuo trato brutal y
represivo de la población por la República
Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), Estados
Unidos aprobó la Ley de 2004 de Derechos Humanos
de Corea del Norte. La ley propone atender la grave situación
de los derechos humanos en Corea del Norte y promover soluciones
duraderas para los refugiados norcoreanos, la transparencia
en la provisión de asistencia humanitaria, el libre
flujo de información y una reunificación pacífica
de la península coreana.
En Belarús, continuaron los malos
tratos por la policía y la esporádica tortura
de prisioneros y detenidos. Las fuerzas de seguridad hicieron
arrestos arbitrarios y detuvieron a ciudadanos por motivos
políticos. Además, se presentaron demandas
judiciales contra personas y se las sentenció a cumplir
condenas por crímenes políticos tales como
la "difamación" de funcionarios del Estado,
lo que a menudo se interpretó para que incluyera
la crítica de sus políticas. El gobierno de
Belarús persiste en hacer caso omiso de informes
creíbles sobre la participación de funcionarios
de gobierno en las desapariciones de largo plazo de periodistas
y de reconocidas figuras políticas, y no realizó
investigaciones completas y transparentes sobre estas desapariciones.
En lugar de ello, el gobierno nombró a Viktor Sheiman,
vinculado a las desapariciones según pruebas creíbles
contenidas en un informe del Consejo de Europa, como Titular
de la Administración Presidencial, con lo que perpetua
un entorno de abusos que quedan en la impunidad.
En Birmania, la Junta gobierna por decreto
y no está sujeta a ninguna disposición constitucional
que estipule derechos fundamentales. Las fuerzas de seguridad
llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales. Además,
continuaron las desapariciones y las fuerzas de seguridad
fueron responsables de violaciones, torturas, palizas y
diversos maltratos de prisioneros y detenidos. Los arrestos
arbitrarios y las detenciones en régimen de incomunicación
fueron frecuentes. Las fuerzas de seguridad también
incurrieron en la violación de la intimidad de los
ciudadanos, el reasentamiento forzado de poblaciones y el
reclutamiento de niños en las fuerzas armadas.
El gobierno de Irán fue responsable
de numerosos asesinatos durante el año, incluidas
ejecuciones tras juicios que carecieron de garantías
al debido proceso de ley. Hubo numerosos informes de que
las fuerzas de seguridad torturaron a prisioneros y detenidos.
Además, se hicieron arrestos arbitrarios, detenciones
prolongadas en régimen de incomunicación,
encarcelamiento en prisiones hacinadas y pobres, falta de
acceso a asistencia letrada, la imposición de penas
de flagelación y la violación de la intimidad
personal.
La cooperación de China en el avance
de los derechos humanos fue decepcionante en 2004. China
no cumplió muchas de las obligaciones que contrajo
en 2002 en el Diálogo sobre Derechos Humanos Estados
Unidos-China. No obstante, para finales de año se
habían reanudado las negociaciones de los grupos
de trabajo sobre derechos humanos, que se habían
interrumpido cuando Estados Unidos dio su apoyo a la resolución
de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos en relación con la situación de los
derechos humanos en China. En 2004, el gobierno chino continuó
arrestando y encarcelando a activistas, a personas que debatían
libremente en Internet, a abogados de disidentes y desposeídos,
a activistas que participaban en cuestiones del VIH/SIDA,
a periodistas que informaban sobre el Síndrome Respiratorio
Agudo Grave (SARS), a intelectuales que expresaban su posición
política, a personas que asistían a ceremonias
religiosas en viviendas y a trabajadores que manifestaban
por sus derechos. Los abusos continuaron en las prisiones
de China. El gobierno mantuvo su represión contra
el movimiento espiritual Falungong y decenas de miles de
practicantes siguen encarcelados en prisiones, campos extrajudiciales
de reeducación a través del trabajo y establecimientos
psiquiátricos. El Congreso Nacional Popular enmendó
la Constitución para incluir la protección
de los derechos humanos, pero todavía no queda claro
en qué medida el gobierno aplicará la enmienda
en la práctica.
En Arabia Saudita, hubo cambios positivos
en varios aspectos, entre ellos una conferencia auspiciada
por el gobierno sobre los derechos y las obligaciones de
la mujer, y la creación de la primera organización
de derechos humanos que se ha permitido en el reino. En
octubre, el gobierno emitió una ley ejecutiva por
la que algunos residentes de largo plazo en el país
podrán solicitar la nacionalidad, y para finales
de año se había adelantado bastante en el
registro de votantes y de candidatos, aunque sólo
de hombres, para las elecciones municipales de febrero de
2005.
No obstante, los casos de abusos y violaciones
de derechos humanos en Arabia Saudita superan todavía
por mucho los avances logrados. Hubo informes creíbles
que dan cuenta de torturas y maltrato de prisioneros por
parte de las fuerzas de seguridad, arrestos arbitrarios
y detenciones en régimen de incomunicación.
La policía religiosa continuó practicando
la intimidación, cometiendo abusos y deteniendo a
los ciudadanos y extranjeros. La mayoría de los juicios
se celebraron a puerta cerrada y los acusados suelen comparecer
ante el juez sin asistencia letrada. Las fuerzas de seguridad
arrestaron y detuvieron a reformistas. El gobierno siguió
poniendo límites a la libertad de prensa y de expresión,
de reunión y asociación y de movimiento, y
hubo informaciones de que violó los derechos a la
vida privada. Continuó la violencia y la discriminación
contra la mujer, la violencia contra niños, la discriminación
de minorías étnicas y religiosas y las limitaciones
estrictas a los derechos del trabajador.
En contraste con el desarrollo en varios
países del proceso por el cual la ciudadanía
asume un control directo de las autoridades, en Rusia, las
reformas de las leyes que rigen las elecciones parlamentarias,
y el cambio al nombramiento y no la elección de gobernadores
regionales, consolidaron más el poder del Ejecutivo.
Las excesivas restricciones sobre los medios, una Duma sumisa,
las irregularidades en las recientes elecciones nacionales,
la corrupción de la policía y las presiones
políticas sobre el poder judicial han motivado también
una preocupación por el menoscabo de la rendición
de cuentas del gobierno.
Aumentó la violencia por motivos
raciales y la discriminación, a pesar de considerables
prohibiciones legislativas. Las autoridades no investigaron
delitos contra minorías a la vez que las sometieron
a frecuentes inspecciones de documentos, a deportaciones
de centros urbanos y a la imposición de multas exorbitantes
o detenciones más frecuentes. Las instituciones gubernamentales
destinadas a proteger los derechos humanos son relativamente
débiles.
El gobierno de Zimbabwe ha llevado a cabo
una campaña concertada de violencia, represión
e intimidación. Esta campaña se ha caracterizado
por su desatención a los derechos humanos, al imperio
de la ley y al bienestar de los ciudadanos de Zimbabwe.
Se emplean varios métodos de tortura contra opositores
políticos y defensores de los derechos humanos. Los
veteranos de guerra, brigadas de la juventud y agentes de
la policía cometen acciones brutales contra los enemigos
políticos. El régimen de Mugabe ha elegido
también como objetivo a otras instituciones de gobierno
como el poder judicial y la policía. Se ha hostigado
a jueces para que cedan o dimitan, a fin de reemplazarlos
con compinches de Mugabe. A los medios se les ha impuesto
restricciones o han sido suprimidos. Continua la apropiación
de terrenos como instrumento de opresión social y
política, y los opositores de estas políticas
destructivas pueden sufren represalias violentas.
El respeto a los derechos humanos siguió
siendo pobre en Venezuela durante 2004, a pesar de la victoria
del gobierno en el referéndum de agosto para revocar
el mandato del presidente Chávez. La oposición
alegó que el proceso fue fraudulento, pero los observadores
de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
y del Centro Carter ratificaron que los resultados oficiales
"reflejan la voluntad del electorado". Durante
el año, el gobierno venezolano aumentó su
control sobre el sistema judicial y su interferencia en
la administración de la justicia. Las organizaciones
no gubernamentales (ONG) fueron objeto de amenazas e intimidación
por partidarios del gobierno. En diciembre, la legislatura
aprobó leyes que menoscaban la libertad de los medios
y la libertad de expresión que, de hecho, convierte
la crítica del gobierno en una ofensa criminal. El
gobierno de Estados Unidos criticó con dureza al
gobierno venezolano por no aumentar sus esfuerzos contra
la trata de personas.
Fidel Castro agregó otro año a su récord
mundial como dictador que ha estado en el cargo por mayor
tiempo. El gobierno cubano mantuvo su postura de rechazo
de todo proceso democrático y continuó el
hostigamiento y la intimidación de activistas pro
democracia, disidentes, periodistas y demás profesionales
y trabajadores que trataron de emprender actividades económicas
no controladas por el Estado. La mayoría de los 75
disidentes sentenciados a largas condenas de prisión
en 2003 permanecieron detenidos, a pesar de las protestas
internacionales, y las autoridades arrestaron a otros 22
activistas de derechos humanos y los sentenció bajo
cargos como el "desacato a la autoridad". La solución
de los abusos en Cuba siguió siendo una prioridad
para Estados Unidos en calidad de miembro de la Comisión
de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU).
Durante su reunión de 2004, la CDHNU
aprobó oficialmente una resolución sobre Cuba
patrocinada por Estados Unidos, así como resoluciones
por segundo año consecutivo sobre Turkmenistán,
Corea del Norte y Belarús. Una resolución
sobre Birmania fue aprobada por consenso. Dado que países
miembros de la CDHNU como Zimbabwe, Cuba, Sudán y
China no protegen los derechos humanos de sus propios ciudadanos,
la reunión de 2004 fue deficiente en varios aspectos.
La Comisión no aprobó las resoluciones sobre
la situación de derechos humanos en China, Zimbabwe
y Chechenia. Estados Unidos continuó recalcando la
necesidad de mejorar el funcionamiento de la Comisión,
especialmente mediante el apoyo a la inclusión de
más países con un historial positivo de derechos
humanos.
Estados Unidos considera que es más
probable que un gobierno elegido democráticamente
respete los derechos humanos de sus ciudadanos. Por esa
razón Estados Unidos colaboró con otros países
de la Comunidad de Democracias, una red de países
democráticos que trabajan juntos para promover, afianzar
y avanzar la democracia en todo el mundo. En 2004 Estados
Unidos se sumó a otros países de este grupo
para ayudar a establecer un cónclave de la democracia,
es decir, un grupo de países de parecer similar que
colabore más de cerca con la CDHNU y con otros foros
de la ONU para fomentar metas consecuentes con los valores
democráticos. En la CDHNU Estados Unidos, junto con
Perú, Rumania y Timor Oriental, presentaron una resolución,
que fue aprobada, encaminada a acrecentar la función
de la ONU en el fomento de la democracia. Entre las recomendaciones
de la resolución figura un llamamiento para establecer
un mecanismo, denominado "punto de coordinación",
dentro de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, cuyo objetivo sea ayudar a las democracias nuevas
e incipientes acceder los recursos disponibles de la ONU.
Además de apoyar la creación
del cónclave de la democracia en la ONU, la Comunidad
de Democracias buscó respaldar el desarrollo de instituciones
y valores democráticos a través de proyectos
que vinculan a países democráticos. Envió
una delegación multinacional de practicantes de la
democracia a Timor Oriental para intercambiar prácticas
óptimas con los funcionarios de ese país.
De la misma manera, un grupo de funcionarios iraquíes
cuya labor se relacionaba con las elecciones, viajó
a Lituania para observar y aprender sobre el proceso electoral.
La unión de las voces democráticas contra
violaciones de derechos humanos fundamentales -- derechos
codificados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y reafirmados en la Declaración de Varsovia
de la Comunidad de Democracias y el Plan de Acción
de Seúl -- es un modo esencial de seguir presionando
a los gobiernos que niegan y violan los derechos de sus
propios ciudadanos.
Cambios institucionales:
En Qatar continuó el proceso de cambio
constitucional al aprobar el emir el texto preliminar de
una constitución nueva que los votantes aprobaron
de forma abrumadora en 2003. Aunque la familia del emir
mantendrá la línea hereditaria, la nueva constitución,
que se espera entrará en vigor en junio de 2005,
contiene varias disposiciones sobre los derechos humanos.
En Pakistán, el presidente Musharraf
continuó en su cargo como Jefe del Estado Mayor del
Ejército, a pesar de su promesa de retirarse a finales
del año.
En África, la República Centroafricana
promulgó una nueva constitución y tomó
otras medidas para promover una anunciada transición
a la democracia del gobierno del presidente Bozize, quien
tomó el poder en un golpe de estado en marzo de 2003.
En Guinea-Bissau, luego de un golpe militar en septiembre
de 2003, el ejército instaló un gobierno civil.
En ambos casos, la estabilización de la situación
después de los golpes ha venido acompañada
por una disminución en el número de violaciones
de derechos humanos.
El deseo de Turquía de satisfacer
los Criterios de Copenhague de la Unión Europea,
para comenzar el proceso de adhesión hizo que el
gobierno aprobara un paquete de reformas importante, incluidos
un código penal nuevo y relativamente más
liberal y un conjunto de enmiendas constitucionales para
combatir los asesinatos por honor y la tortura, ampliar
la libertad de culto, de expresión y de asociación,
y reducir la presencia del ejército en el gobierno.
Sin embargo, la aplicación de estas reformas se retrasó.
Las fuerzas de seguridad continuaron cometiendo numerosos
abusos, entre ellos: torturas, palizas y arrestos y detenciones
arbitrarios, aunque los observadores notaron una disminución
de estas prácticas y el Comité Europeo para
la Prevención de la Tortura informó que las
autoridades locales se esforzaron por cumplir con la política
gubernamental de "tolerancia cero" frente a la
tortura. Continuaron los asesinatos por honor. El gobierno
aflojó algunas restricciones en torno al uso del
curdo y otros idiomas, pero se mantuvieron restricciones
de libertad de expresión y de prensa.
Durante el año algunos gobiernos
realizaron esfuerzos cada vez mayores para combatir la corrupción.
Costa Rica quiso llegar lejos al investigar a ex funcionarios
de alto nivel. Inició investigaciones separadas de
tres ex presidentes por uso indebido de fondos, sobornos
y contratos ilegales. En África las campañas
anticorrupción digirieron la atención a los
abusos pecuniarios y de derechos humanos cometidos por funcionarios.
La campaña del presidente Jammeh de Gambia giró
en torno a la restricción de la corrupción
oficial, con el objeto de restaurar la credibilidad internacional.
Por otro lado, la labor de la Comisión de Indagación
de ese país llevó a la destitución
de varios altos funcionarios y a algunos juicios por delitos
económicos. Kenia creó el puesto de jefe de
actividades contra la corrupción y el gobierno abrió
varias investigaciones de supuestas ejecuciones extrajudiciales.
En Zambia, la Oficina de Quejas de la Policía, establecida
en 2003 para indagar en la conducta impropia de la policía,
siguió investigando quejas.
Derechos políticos:
Lamentablemente, a excepción de Georgia
y Ucrania, los sucesos políticos en Eurasia siguen
siendo motivo de gran preocupación. El progreso se
mide en gran parte en términos del desarrollo de
la sociedad civil. Un número cada vez mayor de ONG,
partidos de la oposición y ciudadanos están
dispuestos a organizarse y abogar a favor de que el gobierno
rinda cuentas. En Turkmenistán y Uzbekistán
los partidos de la oposición no pueden inscribirse.
Al mismo tiempo, los gobiernos de la región sacan
una lección errónea de Ucrania y Georgia,
e intentan reprimir a la sociedad civil hostigando a las
ONG pro democracia mediante obstáculos burocráticos
y recursos jurídicos engañosos.
En Georgia el progreso advertido por los
observadores internacionales de las elecciones presidenciales
del pasado enero preparó el camino para "las
elecciones más democráticas en la historia
de Georgia", cuando se eligió el parlamento
en marzo.
Otros gobiernos de la región han
logrado algún progreso limitado en mejorar el proceso
electoral con la redacción de nuevos códigos
para las elecciones. Las nuevas leyes electorales promulgadas
en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán
constituyen un avance en ciertos aspectos, pero en los tres
países las leyes siguen sin alcanzar las expectativas
de las pautas internacionales. Asimismo, las elecciones
de 2004 en Kazajstán y Kirguistán indican
avances limitados respecto de los comicios anteriores, pero
los observadores nacionales e internacionales expresaron
su inquietud sobre irregularidades en la votación,
maltrato u hostigamiento de candidatos de la oposición
o limitaciones de la igualdad de acceso a medios de comunicación.
En Belarús el gobierno continuó
negando a sus ciudadanos el derecho de cambiar su gobierno
mediante un proceso político democrático.
El referéndum del 17 de octubre, caracterizado por
graves defectos, eliminó el límite constitucional
del período presencial. Antes del referéndum
y de las elecciones parlamentarias, igualmente defectuosas,
celebradas simultáneamente, el gobierno suspendió
los periódicos independientes y descalificó
a muchos candidatos parlamentarios. Utilizó además
fuerza excesiva y en algunos casos propinó palizas
y arrestó a líderes políticos que protestaban
pacíficamente el fraude electoral y a periodistas
que cubrían las protestas. Durante el año
el gobierno clausuró también varias de las
principales organizaciones no gubernamentales inscritas,
cuyo enfoque eran los derechos políticos, y las fuerzas
de seguridad del Estado hostigaron cada vez más a
las restantes.
En octubre Bosnia y Herzegovina celebró
las primeras elecciones municipales administradas por el
país desde la firma de los Acuerdos de Paz de Dayton.
Se concluyó que las elecciones cumplieron las pautas
democráticas internacionales.
En Indonesia las elevadas cifras de votantes
que concurrieron a votar en tres elecciones allanaron el
camino para una transición del poder político
de la derrotada titular de la Presidencia a un líder
electo de la oposición. El proceso también
significó la derrota de los candidatos militares
y de la policía que se habían postulado para
bancas en el parlamento.
En África, en elecciones dignas de
mención, los titulares de los partidos políticos
de Ghana y Mozambique ganaron la reelección en comicios
que se consideraron en general libres y justos. Sierra Leona
celebró sus primeras elecciones de gobiernos locales
en 32 años, aunque hubo irregularidades en algunas
zonas.
En Burundi el interés se concentró
en el retraso de las elecciones y el progreso del país
en su transición a la democracia. El Gobierno de
Transición no celebró las elecciones locales
y nacionales que dispone el Acuerdo de Paz y Reconciliación
(Acuerdo de Arusha) y al terminar el año demoró
también indefinidamente un referéndum sobre
el texto preliminar de la constitución. La insurgencia
maoísta y el estancamiento en que se encuentran los
partidos políticos de Nepal impidieron asimismo la
celebración de elecciones en ese país durante
el año y contribuyeron a intensificar la crisis política
del país.
En Ruanda los derechos políticos,
de por sí ya muy restringidos, se limitaron aún
más cuando se cerraron y desmantelaron las principales
organizaciones de derechos humanos. La medida se justificó
como parte de una campaña contra el "divisionismo",
según un informe del gobierno que acusó a
los grupos de derechos humanos, los periodistas, los maestros
y las iglesias de promover una "ideología de
genocidio".
El respeto del gobierno iraní a la
libertad y la participación política de sus
ciudadanos continuó deteriorándose. En febrero
se celebraron elecciones, que en general no se consideraron
ni libres ni justas, para elegir a los 290 miembros del
Majlis (parlamento). El Concilio Guardián, órgano
conservador y dominado por el clero, excluyó virtualmente
a todos los candidatos reformistas, incluidos 85 miembros
del parlamento que ocupaban el cargo. Entre las razones
citadas figuraban la falta de "obediencia manifiesta"
al actual sistema de gobierno. Como resultado de unas elecciones
gravemente defectuosas los reformistas se vieron reducidos
a una pequeña minoría en el parlamento. Entre
tanto, continúa la reacción conservadora contra
las tendencias y los partidos reformistas.
Conflictos internos y de otra índole:
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación
de Sierra Leona completó las audiencias públicas,
en las que participaron unos 10.000 ciudadanos para hacer
públicos sus agravios como víctimas de la
guerra civil o para brindar sus confesiones. La Comisión
propuso reformas jurídicas, políticas y administrativas
al gobierno. El gobierno también puso en libertad
a numerosos niños que habían luchado como
niños soldados. Para finales del año la Misión
de la ONU en Sierra Leona (MINUSIL) había entregado
la responsabilidad en todo el país a las fuerzas
armadas y a la fuerza pública de Sierra Leona, conforme
la MINUSIL comenzó los preparativos para retirarse
en junio de 2005, tal como lo estipula su mandato del Consejo
de Seguridad.
Tras su victoria en una segunda ronda de
elecciones a finales de 2003, el presidente de Guatemala,
Oscar Berger "re-inició" los Acuerdos de
Paz de 1996 como programa nacional y, en un gesto simbólico,
pidió disculpas a los ciudadanos en nombre del Estado
por las violaciones de derechos humanos cometidas durante
la prolongada guerra civil de ese país. El gobierno
redujo también el tamaño de sus fuerzas militares,
eliminó algunos comandos y unidades importantes y
redujo así mismo el presupuesto militar. En agosto
las fuerzas militares hicieron pública una nueva
doctrina que incluye disposiciones sobre la importancia
de la protección de los derechos humanos.
Como consecuencia de las negociaciones celebradas
durante el año, el gobierno de Colombia desmovilizó
en noviembre y diciembre aproximadamente 3.000 combatientes
del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Además, cientos de funcionarios municipales regresaron
a sus pueblos, después de que el gobierno estableciera
la presencia permanente de la policía en todos los
centros urbanos del país. Como resultado de ello,
disminuyeron las cifras de homicidios, secuestros y demás
delitos violentos.
En Haití continuó el conflicto
interno durante todo el año. El estancamiento político
y la creciente violencia entre las facciones a favor y en
contra de Aristide, culminaron el 29 de febrero en la renuncia
del presidente Aristide y su salida del país. A pesar
de la presencia de las fuerzas de mantenimiento de paz de
la ONU, el gobierno interino, establecido constitucionalmente,
siguió siendo débil. En septiembre los partidarios
de Aristide en Puerto Príncipe iniciaron una campaña
de desestabilización y violencia, conocida como "Operación
Bagdad". Esta campaña incluyó el secuestro,
la decapitación y la quema de agentes de la policía
y civiles, tiroteos indiscriminados y la destrucción
e incineración de la propiedad pública y privada.
La violencia impidió durante varias semanas el funcionamiento
normal de escuelas, mercados públicos, el puerto
y el sistema judicial en Puerto Príncipe.
Una serie de conflictos continuó
aquejando a la región del sureste asiático.
En Yamu y Cachemira y los estados nordestes de la India
continuó la violencia y las fuerzas de seguridad
cometieron abusos con impunidad, inclusive homicidios de
efectivos de las fuerzas armadas y de civiles. En Sri Lanka
tanto el gobierno como la organización terrorista
Tigres de Liberación de Tamil Eelan, violaron el
alto el fuego. En Nepal la desaparición de personas
detenidas siguió siendo un problema grave y las fuerzas
de seguridad del gobierno continuaron manteniendo amplia
autoridad para arrestar y detener a individuos sospechosos
de simpatizar con los insurgentes maoístas. Estas
fuerzas también hicieron uso arbitrario e ilegal
de fuerza letal. Como la insurgencia maoísta continuó,
los militantes rebeldes torturaron a civiles, en tanto que
los agentes del gobierno reclutaron violentamente a los
niños como soldados y explotaron bombas que mataron
a civiles.
La región de los Grandes Lagos, en
África central, que comprende la República
Democrática del Congo (RDC), Ruanda, Burundi y Uganda,
se ha visto azotada por la guerra civil, la violencia interétnica
en gran escala y las inherentes transgresiones masivas de
los derechos humanos durante más de una década,
debido a la presencia continua de grupos armados y milicias
que se trasladan entre los países. Estos grupos compiten
entre sí por los recursos estratégicos y naturales
y viven en un entorno de alianzas que cambian. Entre los
grupos más inquietantes del Congo oriental se encuentra
quienes tomaron refugió en la región después
del genocidio de Ruanda en 1994. Este mismo grupo continúa
oponiéndose al gobierno de Ruanda y realizando campañas
transfronterizas, así como ataques contra civiles
en la RDC y muchos otros abusos. También existen
grupos armados en la región que se oponen a los gobiernos
y a los procesos de paz en Uganda y Burundi.
Aunque las perspectivas para la paz en la
región de los Grandes Lagos son prometedoras, los
abusos de derechos humanos son casi rutinarios. Los niños
son las principales víctimas, se les recluta, secuestra
y convierte en soldados a la fuerza, aunque algunos de los
gobiernos han hecho progresos en la desmovilización
de los niños soldados en sus tropas. Algunas milicias
se componen principalmente de niños. Las mujeres
y las niñas son especialmente vulnerables, ya que
la violación se emplea cada vez más frecuentemente
como arma de guerra. La región alberga aproximadamente
cinco de los 25 millones de personas en el mundo desplazadas
internamente y una buena cantidad de refugiados. Estados
Unidos trata de conseguir entablar conversaciones entre
la RDC, Uganda y Ruanda. Seguimos observando la situación
en los países de la región, concentrando nuestra
atención en la amenaza que presentan los grupos armados.
En Costa de Marfil un ataque contra las
posiciones de los rebeldes y un ataque aéreo en noviembre
contra las tropas francesas de mantenimiento de paz rompieron
el tenue alto el fuego de 18 meses entre el gobierno y los
rebeldes. A pesar del embargo y de la amenaza de sanciones,
el gobierno ha amenazado con buscar una solución
militar al conflicto. El presidente Bush determinó
que a Costa de Marfil, antaño uno de los socios comerciales
de Estados Unidos más importantes de la región,
en virtud de la Ley de Aceleración del Crecimiento
y Oportunidad Africanos (AGOA), se le consideraba este año
carente de derechos a los beneficios de dicha ley, debido
a preocupaciones sobre la situación de seguridad
y el deterioro general del imperio de la ley, que hacen
del país un lugar hostil para la inversión
extranjera.
En Rusia el atentado en septiembre contra
la escuela de Beslan, en Osetia del Norte, y las desapariciones
continuas de civiles detenidos por las fuerzas de seguridad
subrayaron hasta qué punto ambas partes del conflicto
creciente en el norte del Caúcaso continúan
demostrando poco respeto por los derechos humanos fundamentales.
Hubo informes fidedignos sobre violaciones graves, entre
ellas desapariciones por motivos políticos y ejecuciones
extrajudiciales, tanto por parte del gobierno como por rebeldes
de Chechenia. También se siguió persiguiendo
a individuos que buscaban que se rindiera cuentas por estos
abusos. Los rebeldes de Chechenia continuaron los ataques
contra civiles rusos, inclusive un ataque con bombas en
el metro de Moscú.
Integridad de la persona:
Tras años de controversia, el Tribunal
Supremo de Chile sostuvo la decisión de un tribunal
de apelación de revocar la inmunidad judicial del
ex presidente Augusto Pinochet. El 13 de diciembre, un juez
encausó a Pinochet por delitos cometidos como parte
de la "Operación Cóndor" en el decenio
de 1970.
En la República Centroafricana, mientras
continúa el proceso de transición al régimen
de gobierno civil, el gobierno disolvió la división
de Investigación de Seguridad, unidad de inteligencia
militar sobre la que pesan acusaciones de haber cometido
numerosos abusos de derechos humanos en el 2003, entre ellos
tortura, violación y extorsión. En diciembre
de 2003, el presidente Bozize convocó de nuevo el
Tribunal militar permanente después de una suspensión
de ocho años. El tribunal entendió de una
variedad de casos de supuestos abusos de derechos humanos,
como ejecuciones extrajudiciales, violación y robo
a mano armada.
Corea del Norte sigue siendo uno de los
regímenes más represivos y brutales del mundo.
Se cree que hay, aproximadamente, entre 150.000 y 200.000
presos políticos en campos de detención en
zonas remotas, y los desertores informan de que muchos presos
han muerto como resultado de la tortura, el hambre, las
enfermedades, la exposición a la intemperie o una
combinación de causas. El régimen también
somete a los ciudadanos a estrictos controles en muchos
aspectos de su vida.
En Egipto, de conformidad con la Ley de
Emergencia de 1981, prorrogada en febrero de 2003 por otros
3 años, se restringieron muchos derechos fundamentales.
Las fuerzas de seguridad continuaron los malos tratos y
la tortura de presos y al menos 10 personas murieron en
el curso del año mientras estaban bajo custodia en
comisarías de policía o en prisiones. Los
arrestos y detenciones arbitrarios así como la detención
prolongada anterior al juicio siguieron siendo graves problemas.
Persistieron las condiciones abominables en las prisiones.
El uso generalizado de la tortura por el
gobierno de Siria dejó un balance de al menos ocho
muertos en el curso del año. Las detenciones y arrestos
arbitrarios, la detención prolongada anterior al
juicio sin que luego se celebrara juicio, los juicios eminentemente
injustos en los tribunales de seguridad y el deterioro de
las condiciones en las prisiones, continuaron todos sin
cambios. Durante el año, los servicios de seguridad
efectuaron arrestos en masa de curdos en la provincia de
Hassakeh, en Aleppo, Damasco y otras zonas. El 12 de marzo,
en Qamishli, situado en la provincia nororiental de Hassakeh,
las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la muchedumbre
durante un partido de fútbol, cuando se produjeron
enfrentamientos entre aficionados árabes y curdos.
En los disturbios que se produjeron los días siguientes,
docenas de personas resultaron muertas, y hasta 2.000 curdos
fueron detenidos y, a finales del año, cerca de 300
permanecían en custodia, en espera de juicio ante
el Tribunal de Seguridad del Estado y el Tribunal Militar.
El gobierno siguió también sin revelar información
sobre el bienestar y el paradero de personas que han estado
detenidas en régimen de incomunicación durante
años.
En Uzbekistán, era común la
tortura en las prisiones, los centros de detención
anterior al juicio y las comisarías de policía
y servicios de seguridad locales, y los miembros de las
fuerzas de seguridad responsables de abusos documentados
rara vez eran castigados. No obstante, el gobierno adoptó
algunas medidas notables para poner coto a la tortura y
exigirle a la policía rendición de cuentas.
Estableció procedimientos preliminares en algunas
divisiones del Ministerio de Asuntos Internos para investigar
y sancionar a funcionarios por abusos de derechos humanos,
y permitió a organizaciones no gubernamentales acceder
a sus prisiones y capacitar a guardias de prisiones en prácticas
de derechos humanos. El gobierno cooperó también
con especialistas forenses internacionales que participaron
en la investigación de muertes de personas en custodia
supuestamente sometidas a tortura.
Libertad de prensa:
Una reacción conservadora a las exigencias
democráticas se extendió en Irán a
una serie de aspectos que fueron más allá
de las cuestiones explícitas de derechos políticos.
Por ejemplo, la investigación de la muerte en 2003
de una fotógrafa canadiense/iraní, que tuvo
una hemorragia cerebral después de sufrir lesiones
en una prisión iraní, quedó estancada
en 2004. El gobierno también cerró paulatinamente
todos los medios de información independientes nacionales
e impuso el silencio a sus periodistas por medio del arresto
y la intimidación. En 2004, el último foro
de debate libre, los "weblogs" (páginas
de Internet personales), fueron objeto de la presión
del gobierno, que arrestó a sus fundadores y los
obligó a firmar confesiones falsas.
En Rusia, la intensificación de la
presión del gobierno y el control de los medios continuó
minando la libertad de expresión y la independencia
de los medios, al mismo tiempo que se observó una
tendencia de creciente control y acoso de la prensa en una
serie de países de Eurasia, en particular Belarús
y algunos países de Asia Central. La manera de actuar
rusa consiste, principalmente, en controlar la propiedad
de las emisoras de radio y televisión para limitar
el acceso a la información sobre cuestiones delicadas,
como Chechenia. La presión del gobierno también
hizo que aumentara la autocensura de los periodistas.
El gobierno de Togo, después de entablar
consultas políticas oficiales con la Unión
Europea, adoptó un nuevo código de prensa
que tuvo resultados no enteramente satisfactorios. Eliminó
las sentencias de prisión para la mayor parte de
los delitos de prensa, pero las mantuvo por determinadas
acciones, como instigar el odio étnico o violar la
ley, así como por publicar bajo nombre falso. La
ley establece también normas de profesionalismo para
periodistas y exige que los periódicos independientes
aseguren que al menos una tercera parte de su plantilla
satisfaga las normas del gobierno.
Si bien Argelia celebró sus primeras
elecciones democráticas en 2004, en las que fue reelegido
el presidente Bouteflika, el gobierno intensificó
las restricciones sobre los medios. El uso de las leyes
contra la difamación y el hostigamiento de la prensa
por el gobierno aumentaron considerablemente y tuvieron
por resultado el encarcelamiento de varios periodistas condenados
a cumplir penas de dos a 24 meses, el cierre o la suspensión
de dos periódicos y más autocensura de la
prensa.
En Venezuela, las organizaciones internacionales
y los periodistas de ese país acusaron al gobierno
de fomentar un clima de hostilidad hacia los medios. La
adopción de medidas administrativas, junto con una
nueva ley promulgada en diciembre creó un clima de
hostilidad hacia los medios independientes con crecientes
amenazas de enjuiciamiento.
Libertad de religión:
Este tema se examina detenidamente en el
Informe Anual sobre Libertad Religiosa Internacional, publicado
en septiembre de 2004, pero estos informes por países
ponen de relieve y actualizan acontecimientos importantes.
La ley estadounidense de Libertad Religiosa
Internacional dispone que a los países responsables
de violaciones especialmente graves de la libertad de religión
se los designe Países Motivo de Particular Preocupación
(CPC). En septiembre de 2004, el secretario de Estado designó
de nuevo a Birmania, China, Irán, Corea del Norte
y Sudán como CPC y, por primera vez, designó
a Eritrea, Arabia Saudita y Vietnam como CPC.
Con el cese de las violaciones de la libertad
de religión cometidas al amparo del gobierno de Saddam
Hussein, el Secretario adoptó medidas para retirar
en junio de 2004 la designación de Iraq como un CPC.
Desde la liberación de Iraq por las fuerzas de la
coalición, el gobierno no ha puesto impedimentos
a la libertad de religión y la Ley Administrativa
de Transición dispone la "libertad de pensamiento,
conciencia y creencia y práctica religiosas".
Las acciones del gobierno de Arabia Saudita
en materia de libertad de religión fueron desalentadoras.
Durante 2004, altos funcionarios estadounidenses mantuvieron
intensas discusiones sobre prácticas religiosas con
las autoridades sauditas y, en septiembre, el secretario
de Estado designó a Arabia Saudita "País
Motivo de Particular Preocupación" con arreglo
a la Ley de Libertad Religiosa Internacional, por violaciones
especialmente graves de la libertad de religión.
El gobierno ordena la estricta conformidad religiosa. Los
musulmanes sunnitas que no pertenecen a la doctrina wahabista,
así como los chiítas y sufitas, están
expuestos a la discriminación y, a veces, a graves
restricciones en la práctica de su fe. Una serie
de dirigentes de estas tradiciones han sido arrestados y
encarcelados. El gobierno prohíbe las actividades
religiosas públicas distintas de las musulmanas.
Los fieles no musulmanes se exponen a ser arrestados, encarcelados,
torturados o deportados por participar en actividades religiosas
que atraen la atención oficial. Se han dado casos
frecuentes de predicadores de mezquitas, cuyo salario lo
paga el gobierno, que han pronunciado sermones virulentos
contra musulmanes no sunnitas y otras religiones.
Vietnam continúa restringiendo la
libertad de religión y las actividades de organizaciones
religiosas que no cuentan con el visto bueno del Estado.
El gobierno no emitió un decreto nacional que prohíba
la renuncia forzada de la fe, no puso fin al abuso físico
de los fieles, continuó manteniendo un número
considerable de presos por motivos de religión y,
aunque permitió la reapertura de algunas iglesias
que habían sido clausuradas en la región montañosa
central en 2001, se negó a permitir la reapertura
y el registro de centenares de otras. No obstante, después
que el país fue designado CPC, se observaron algunas
mejoras respecto de la libertad de religión. Algunas
autoridades religiosas expresaron optimismo en torno a una
nueva ordenanza sobre religión publicada por el gobierno
en noviembre y, en diciembre, la Iglesia Evangélica
de Vietnam del Norte (ECVN) celebró su primer congreso
nacional en 20 años y nombró una nueva junta
independiente de dirigentes.
Entre los adelantos logrados en relación
con la libertad religiosa de los que se da cuenta en los
informes por países, los Testigos de Jehová
en Armenia consiguieron inscribirse oficialmente, después
de haber visto rechazadas sus solicitudes en numerosas ocasiones.
En Bosnia y Herzegovina, una nueva ley nacional sobre libertad
religiosa fue aprobada por ambas cámaras legislativas.
La ley prevé plenos derechos para las comunidades
religiosas, a las que otorga una condición jurídica
que no tenían anteriormente. En Georgia, este año
disminuyó el número de noticias de actos de
violencia contra grupos religiosos minoritarios.
Trato de minorías, mujeres
y niños:
El 30 de diciembre, el Departamento de Estado
dio por terminado el Informe sobre Antisemitismo Mundial,
que cubre el periodo del 1 de julio de 2003 al 15 de diciembre
de 2004. Basado en gran parte en material proporcionado
por nuestras embajadas, organizaciones no gubernamentales
y relatos presentados para estos Informes por Países,
este compendio separado se preparó de conformidad
con una disposición legislativa aparte.
En las Repúblicas Checa y Eslovaca
continuó la discriminación contra la población
gitana, aunque ambos gobiernos se esforzaron por mejorar
la situación recurriendo a medidas como la revisión
de normas jurídicas y la contratación de gitanos
para servir de enlaces entre la comunidad y las fuerzas
de policía o de ayudantes sanitarios.
En Croacia, la restitución de la
propiedad a la mayor parte de los refugiados serbios ha
mejorado considerablemente, aunque los obstáculos
al regreso de grupos minoritarios siguieron siendo un problema.
En Kosovo, se registraron actos de violencia contra la población
serbia y contra minorías no serbias durante dos días
de disturbios en marzo, lo que puso de relieve la continua
fragilidad de los derechos de las minorías en esa
región.
En Tailandia, el historial del gobierno
en cuestión de derechos humanos estuvo empañado
por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad contra
disidentes musulmanes en el sur del país. El 28 de
abril, efectivos de las fuerzas militares y de la policía
dieron muerte a más de 100 personas mientras rechazaban
ataques de los separatistas musulmanes en las provincias
de Yala, Pattani y Narathiwat. El 25 de octubre, 78 musulmanes
detenidos murieron asfixiados cuando eran trasladados a
un campamento del ejército en camiones en los que
habían sido hacinados por las fuerzas militares y
de policía.
En Afganistán e Iraq, las mujeres
hicieron adelantos sin precedentes en el ejercicio de sus
derechos políticos al votar, ocupar cargos públicos
y presentarse como candidatas a elecciones. En educación
y otros sectores también realizaron importantes adelantos
hacia el logro de derechos fundamentales. En Pakistán
se han establecido comisarías de policía especiales
para mujeres, con personal exclusivamente femenino, en respuesta
a las quejas presentadas por mujeres, que aseguraban haber
sido víctimas de abusos mientras estaban en custodia.
Por otra parte, si bien los asesinatos por honor continuaron
en Pakistán, una nueva legislación endureció
las penas por estos delitos y se modificaron los procedimientos
penales por las leyes de blasfemia y las ordenanzas de Hudood
para limitar los abusos.
En una serie de países, uno de los
principales problemas en relación con el abuso de
mujeres y niños es la inacción del Estado
en cuanto a combatir vigorosamente las condiciones que dan
lugar a la trata de mujeres y niños.
En Birmania, mujeres y niñas de las
aldeas fueron víctimas de la trata con fines de prostitución
en paradas de camiones, aldeas de pescadores, pueblos fronterizos
y campamentos mineros y militares. Como parte de la trata,
hombres, mujeres y niños birmanos son también
enviados a otros países. La mala gestión económica
del gobierno y las políticas de trabajos forzados
agravan la situación.
En los Emiratos Árabes Unidos, mujeres
y niñas son destinadas a la prostitución y
el servicio doméstico, y los niños jóvenes
son explotados como jinetes de camellos. En un documental
reciente sobre jinetes de camellos se señala la tierna
edad a la que a menudo comienza el abuso, las duras condiciones
que pueden conducir a lesiones graves o a la muerte y la
malnutrición y el abuso sexual y físico que
sufren a manos de sus empleadores. El gobierno se ha comprometido
a adoptar algunas medidas de limitada eficacia contra estas
prácticas.
La promoción estatal del turismo
da pábulo a los intereses depredadores que fomentan
el turismo del sexo y la explotación sexual de niñas
menores para la prostitución en Cuba.
El auge del sector del petróleo en
Guinea Ecuatorial contribuye a hacer del país un
punto tanto de tránsito como de destino de la trata
de mujeres con fines de prostitución.
El número de ciudadanos indios que
la trata ha llevado a trabajos forzados y al comercio sexual
se calcula en millones, además de los millares de
nepalíes y bangladeshíes que han sido forzados
a la servidumbre sexual en la India, víctimas de
la trata. La trata de personas en India es un grave problema,
que facilitan y en el que participan algunos funcionarios
del gobierno. Aunque la India continúa sin dar una
respuesta nacional con la adopción y aplicación
de leyes a este problema de la trata de seres humanos, se
han observado ciertas mejoras en algunos estados, y el gobierno
central se ha comprometido recientemente a establecer y
aplicar una política nacional contra la trata.
La violencia y discriminación contra
grupos vulnerables siguió siendo un problema en Tanzania.
En agosto, la isla semiautónoma de Zanzíbar
criminalizó la homosexualidad y estableció
graves penas en su territorio insular semiautónomo.
En el territorio continental de Tanzania, cuatro millones
de mujeres y niñas han sido víctimas de la
mutilación genital. Pese a existir una ley que criminaliza
parcialmente la práctica, la policía rara
vez la ha aplicado, y la edad media a la que se somete a
ella a las niñas parece haber disminuido, en un intento
de evitar la detección.
Derechos laborales:
En Iraq, el ejercicio de los derechos laborales
siguió siendo limitado, en gran parte debido a la
violencia, el desempleo y a leyes y estructuras institucionales
laborales mal adaptadas, aunque, con asistencia internacional,
para fines de año se podían observar algunas
mejoras. Según la Confederación Internacional
de Sindicatos Libres, con sede en Bruselas, los trabajadores
informaron de que estaban organizando sindicatos en lugares
de trabajo, donde estaban prohibidos con arreglo a la legislación
del régimen anterior, y revitalizando estructuras
sindicales anteriormente controladas por el partido Ba'ath.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) prestó
asistencia técnica a Iraq a lo largo del año
para ayudarle a conciliar su legislación laboral
con las normas laborales internacionales, reconstruir la
capacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
establecer servicios de empleo de emergencia y organizar
programas de capacitación y desarrollo de aptitudes.
En abril, una comisión de investigación
nombrada de conformidad con el Artículo 26 de la
Constitución de la OIT visitó Belarús
para investigar una queja de que el gobierno estaba violando
sistemáticamente sus obligaciones con arreglo a las
convenciones fundamentales de la OIT sobre libertad de asociación
y protección del derecho a organizarse y negociar
colectivamente, que había ratificado. En el informe
de la comisión, publicado en octubre, se llegaba
a la conclusión de que el movimiento sindical del
país estaba sujeto a considerable injerencia gubernamental.
La comisión recomendó que el gobierno adoptara
todas las medidas necesarias para registrar a los sindicatos
independientes, enmendar leyes y decretos que restringían
la libertad de asociación, proteger a los sindicalistas
independientes de la discriminación antisindical
y difundir las conclusiones y recomendaciones de la comisión.
Se declaraba que la mayor parte de estas recomendaciones
se debían adoptar, a más tardar, para junio
de 2005.
Bajo el liderazgo del presidente Bush, Estados
Unidos ha dado un paso al frente, junto con sus aliados
democráticos, para reafirmar nuestro compromiso con
los derechos humanos y la democracia. Nos basamos en el
principio de que los países gobernados por pueblos
libres serán la piedra angular del establecimiento
de un mundo más pacífico para todos. La ejecución
de nuestro deber democrático depende de la determinación
y pasión de sus promotores. Esperemos que los siguientes
informes por países sirvan de indicador del progreso
logrado y de guía de las tareas que quedan por hacer.
(termina el texto)
